Ayer fue 14 de abril, 86 aniversario de la proclamación de la II República Española, y diferenciando este artículo de la mayoría de escritos que he visto publicados para el día de hoy (centrados sobre todo en la experiencia republicana en Madrid), me gustaría escribir una entrada sobre los 7 años que duró la república en Catalunya.
1931-1933
El 14 de abril, después de las elecciones municipales que habían dado la victoria en Catalunya a Esquerra Republicana, Francesc Macià (fundador de ERC) proclamó unilateralmente la República Catalana como Estado integrante dentro de la Confederación Ibérica desde la Generalitat de Catalunya en Barcelona.
Dicha reclamación no fue bien recibida desde el recién gestado gobierno republicano de Madrid, que tres días después, el 17 de abril, mandó a 3 ministros españoles a dialogar con Macià para arreglar la situación. El gobierno provisional obligó a Macià a renunciar a la soberanía nacional y al Estado Federal, obteniendo Catalunya a cambio un régimen provisional de autogobierno, que incluía la creación de la Generalitat de Catalunya (21/4/1931) y el compromiso de redactar y aprobar el Estatut d'Autonomia.
Meses después, una comisión se reunió en Núria para empezar a elaborar el anteproyecto de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Este Estatut, conocido como Estatut de Núria, se aprobó de manera masiva el 2 de agosto de 1931 por el pueblo de Catalunya mediante un referendum que, con el 75% del censo electoral, obtuvo el 99% de votos a favor.
L'Estatut de Núria respondía a un modelo federal de Estado, creaba una ciudadanía catalana definiendo a Catalunya como un Estado autónomo dentro de la República Española, declaraba como lengua oficial únicamente el catalán, abría la posibilidad de que se incorporaran a Catalunya otros territorios y pedía las competencias en cuanto educación, sanidad, orden público y justicia, entre otros.
El texto fue entregado a Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional y fue presentado el 18 de agosto a las Cortes Constituyentes. El 6 de mayo de 1932 comenzó en las Cortes españolas la discusión sobre el Estatut, hecho que provocó una fuerte campaña anticatalanista, ataques de los grupos de derechas y el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo.
Finalmente, las Cortes lo aprobaron el 9 de septiembre, quedando este muy recortado ya que en un principio l'Estatut de Núria no era compatible con la Constitución del 1931 que definía el Estado Español como un territorio integral.
L'Estatut de Núria fue modificado a fondo, desapareciendo las referencias al derecho de autodeterminación (el único vestigio que quedó fue la afirmación de que Catalunya se constituía como región autónoma), los impuestos directos siguieron siendo competencia exclusiva del Estado (hecho que limitó la hacienda propia catalana), así como la educación (aunque la Generalitat tenía la posibilidad de crear escuelas e institutos y una Universidad propia donde se podría emplear el castellano y el catalán), y el catalán fue declarado cooficial junto con el castellano. A parte, el Estado tenía la capacidad de suspender l'Estatut en el caso de que el gobierno de la Generalitat tomase medidas anticonstitucionales.
Sin embargo, se otorgaron a Catalunya un gobierno y parlamento propios que podrían legislar sobre competencias como el derecho civil catalán, el orden público (de ahí nacieron los Mossos d'Esquadra), las obras públicas que no fueran de interés general y la enseñanza primaria y secundaria.
El Estatut que volvió de Madrid provocó la decepción entre muchos catalanes ya que se eliminó del proyecto la referencia a la soberanía (la frase "el poder de Catalunya emana del pueblo" fue suprimida y la definición de Catalunya como "estado autónomo" fue substituida como "región autónoma"), se había impuesto la cooficialidad del castellano impidiendo que se pudiera dirigir a los poderes estatales en catalán, se habían recortado las competencias exclusivas de la Generalitat (enseñanza, orden público y justicia) y a parte, la lentitud en el traspaso de las competencias del Estado central a la Generalitat y la poca financiación recibida de los servicios transferidos, que generó un progresivo déficit del presupuesto catalán, contribuyó a incrementar la decepción.
Pese a todo esto l'Estatut fue confería una sustancial autonomía a Catalunya ya que la Generalitat pasaba a estar compuesta de un Parlamento, un Presidente y un Consejo Ejecutivo.
El 20 de noviembre de 1932 se convocaron elecciones al Parlament que dio el triunfo a ERC. Desde ese momento hasta su muerte en febrero de 1933, Francesc Macià fue President de la Generalitat.
En dichas elecciones la clase obrera votó mayoritariamente a ERC (partido surgido de la coalición entre el Partit Republicà Català de Lluis Companys, Estat Català de Francesc Macià y Grup d'Opinió de Joan Lluhí en 1931).
Sindicalmente, pero, los catalanes se organizaban a través de la CNT, formada por dos facciones: los anarcosindicalistas de la CNT también conocidos como treintistas, como Joan Peiró y Àngel Pestaña que veían positiva la República para la emancipación de la clase obrera y los anarquistas de la FAI como Durruti, Santillán, Ascaso y García Oliver que veían la República como una continuación de la monarquía y creían que había que desestabilizarla. Los partidos de inspiración socialista iniciaron un proceso de convergencia que acabó culminando en la formación de los dos partidos rivales: el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC).
1933-1936
Después de la muerte de Macià en febrero de 1933, Lluis Companys fue elegido President de la Generalitat.
Catalunya en ese momento vivía una gran tensión social causada por los conflictos entre los rabasaires y los propietarios (a causa de la ley de contrato social), el alzamiento anarquista en l'Alt Llobregat y el hecho de que la Lliga de Francesc Cambó abandonó el Parlament al estar en desacuerdo con la política que se hacía.
El alzamiento de l'Alt Llobregat fue una insurrección organizada por un grupo de anarquistas relacionados con la FAI en enero de 1932 en el Bages y en el Berguedà, especialmente en Manresa, Cardona, Balsareny, Súria, Sant Vicenç de Castellet, Fígols, Berga y Gironella. Fue una derivación de una huelga de los sectores textiles y del metal, que se extendió a los mineros y se convirtió en general (18 y 19 de enero). Las autoridades republicanas deportaron a Fernando Poo y a 108 anarquistas significantes.
Aunque el Parlament catalán aprobó la Ley de Contratos de Cultivon en 1934, cuyo objetivo era proteger a los campesinos arrendatarios de la rabasa morta y propiciar su acceso a la propiedad de la tierra que cultivaban, la ley no llegó a aplicarse porque fue anulada por el Tribunal Constitucional a causa del recurso presentado por el gobierno de la República y la Lliga.
Después de la victoria del Partido Radical de Lerroux y la entrada de la CEDA de Gil Robles en el gobierno republicano, el PSOE y la UGT prepararon una insurrección armada y una huelga general (iniciativa de F. Largo Caballero) para desestabilizar el gobierno recientemente constituido.
La insurrección armada triunfó durante dos semanas en Astúrias y los obreros tomaron el poder, aunque fue duramente reprimida por el ejercito africanista del general Franco y los principales dirigentes obreros fueron detenidos.
En la fracasada rebelión murieron 46 personas, 38 civiles y 8 militares. Más de mil personas fueron encarceladas y puestas bajo la jurisdicción de los consejos de guerra. Los militares que habían formado parte de la insurrección fueron condenados a muerte, siendo su pena conmutada con la de prisión perpetua por el presidente de la República, Alcalá Zamora. Lluis Companys y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal Constitucional y fueron condenados por rebelión militar a 30 años de prisión.
A parte, el gobierno de Lerroux desató una dura oleada represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos sin que hubieran tenido una actuación directa con los hechos.
La autonomía de Catalunya fue suspendida indefinitivamente y la Generalitat fue sustituida por un Consejo de la Generalitat designado por el Gobierno y con un presidente denominado gobernador general de Catalunya. La Lliga participó en este gobierno, hecho que confirmó su complicidad con el Estado Español.
La obra del gobierno de la Generalitat
Pese a su efímera durada y su limitada capacidad política por las limitaciones de la Constitución de 1931, l'Estatut de 1932 recortado, la dependencia financiera al gobierno de Madrid y los problemas burocráticos, las actuaciones del gobierno de la Generalitat tuvieron como objetivo transformar la sociedad catalana en diferentes ámbitos, desde el económico hasta el cultural; ampliando la política educativa de la pasada Mancomunitat.
- Ámbito económico
- Creación del servicio de estadística
- Creación del Instituto de Investigaciones Económicas
- Fomento de las cooperativas
- Creación de centros de experimentación agraria
- Ámbito social
- Creación del Instituto contra el paro forzado
- Creación del Consejo de Trabajo
- Servicio de Asistencia y Previsión Social
- Ámbito de la sanidad, enseñanza y cultura
- Organización de atención primaria (médico de cabecera)
- Campañas de vacunación infantil
- Creación de nuevos hospitales
- Creación de escuelas de centros de secundaria y formación profesional
- Creación de la Escuela Normal Mixta (Formación Profesional)
- Introducción de la coeducación
- Se impulsaron las colonias de verano
- Creación de bibliotecas, promoción del teatro y conservación del patrimonio
- La Universidad de Barcelona renovó los planes de estudios y profesorado
- Normalización de la lengua catalana (publicación del diccionario Pompeu Fabra)
- Publicación de periódicos en catalán
- Radio Asociación de Catalunya emitía en catalán, Radio Barcelona y Radio Catalunya alternaban entre catalán y castellano
- Se hizo una legislación más favorable a la condición de la mujer (matrimonio, divorcio, matrimonio civil...)
Frente Popular y Guerra Civil
La autonomía de Catalunya fue restablecida tras las elecciones parlamentarias del 36 que dieron la victoria al Frente Popular, y que supusieron la amnistía para los participantes en el intento revolucionario y la vuelta de Companys al gobierno catalán.
El alzamiento militar del 18 de julio, apoyado por los oficiales de la Unión Militar Española, fracasó en Catalunya gracias principalmente a la oposición armada de las milicias populares y de la decisiva intervención de la Guardia Civil.
El desarrollo de la guerra en Catalunya se caracterizó en una primera fase por una situación de doble
poder entre las instituciones oficiales (Generalitat y Gobierno republicano) y las milicias populares armadas coordinadas por un Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, propuesta de Companys a los dirigentes anarcosindicalistas cuyo objetivo era hacer frente a la amenaza fascista. Dicho organismo fue integrado por representantes de todas las fuerzas políticas de izquierdas y sindicales.
La guerra desencadenó una ola de represión contra los sectores que se consideraba afines a los sublevados, principalmente a los católicos y simpatizantes de la Lliga.
El proceso revolucionario que esclató en la zona republicana fragmentó el poder político. En cada región se constituyeron juntas que administraban el poder sin tener en cuenta el resto del Estado. La revolución también tuvo consecuencias de carácter militar, aunque no existió un comando unificado con capacidad de planificar una acción bélica, mientras que las unidades regulares sufrieron un proceso de descomposición que las convirtió en inservibles. Las milicias populares, que quisieron substituir las unidades militares, acabaron resultando ineficientes e indisciplinadas.
Los primeros voluntarios antifascistas extranjeros en las Brigadas Internacionales fueron los atletas
internacionales que tenían cita en Barcelona para celebrar la Olimpiada Popular (celebración deportiva que tenía que tener lugar en Barcelona entre el 19 y 26 de julio de 1936 pero que fue frustrada por el inicio de la guerra).
Muchos deportistas obreros, entre ellos inmigrantes alemanes e italianos, no dudaron en alistarse en una de las 22 milicias que los partidos y sindicatos prepararon en respuesta a la sublevación. Dichos voluntarios estuvieron presentes en todos los combates en Barcelona e incrementaron sus filas gracias a los exiliados judíos alemanes, a los polacos y a los húngaros. El 23 de julio, junto con las columnas de la CNT y del POUM, marcharon hacia el frente de Aragón.
A causa de la falta de industria bélica en Catalunya, los trabajadores de diferentes sindicatos (especialmente de la CNT), independientemente a la Generalitat empezaron a producir subministros para el frente. Esta producción estaba desorganizada y no daba los resultados esperados, así que la Generalitat intervino rápidamente y el 7 de agosto se creó la Comisión de Industrias de Guerra. Este organismo se encargó de coordinar las fábricas y los talleres que reconvirtieron su producción a material militar para los soldados y también empezó su construcción a nueva infraestructura productiva.
En septiembre de 1936, Josep Tarradellas, consejero primero de la Generalitat, formó un gobierno de unidad con fuerzas de izquierdas (desde el POUM, CNT y FAI) e hizo el decreto de colectivizaciones del 24 de octubre, que legalizaba la expropiación de empresas por parte de sindicatos. Catalunya fue la única zona de toda España que consiguió esta ley de colectivización, fruto de la unión de todas las fuerzas republicanas dentro del Consejo de Economía de Catalunya. En Barcelona se expropiaron tres cuartas partes de las industrias, en cambio en Madrid solo fueron una de cada tres.
Con el avance de la guerra se produjeron también disputas entre las organizaciones que querían dar prioridad a la revolución social (CNT y POUM) y los que consideraban prioritario dirigir los esfuerzos al frente bélico y mantener el apoyo de los sectores moderados (Gobierno republicano, PSUC, ERC y otros partidos).
Los hechos de mayo de 1937, a causa de la ocupación anarquista de Telefónica y su negativa a ser entregada a las autoridades republicanas para mejorar las comunicaciones del frente de guerra como exigió la Generalitat, fue un conflicto entre anarquistas y trotskistas del POUM contra facciones comunistas del PSUC favorables al gobierno de la Generalitat. La victoria del bando gubernamental supuso una mayor integración de los anarcosindicalistas en la disciplina del Ejercito Popular de la República y la eliminiación del POUM, rival del PCE y del PSUC (dominado por los prosoviéticos). Tampoco fue la buena la colaboración entre la Generalitat, dirigida por Companys, y el gobierno republicano a causa del deseo de este último de centralizar el comando bélico y la tendencia de la Generalitat a exceder sus competencias estatuarias.
Finalmente el ejercito sublevado rompió en dos el frente republicano al ocupar Vinaròs, lo que aisló a Catalunya del resto de territorio. La derrota de los ejércitos republicanos en la batalla del Ebro permitió la ocupación de Catalunya por las tropas franquistas entre 1938 y 1939. Aunque formalmente Franco abolió la Generalitat cuando entró en 1938 en Catalunya por Lleida, la Generalitat republicana siguió actuando hasta la entrada de las tropas nacionalistas en enero de 1939.
La victoria total de Franco supuso el fin de la autonomía catalana y el inicio de la dictadura.
